Las víctimas de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) deploraron el día 13 la extradición de los ex paramilitares, quienes fueron enviados a Estados Unidos sin que hubieran indemnizado a los afectados en Colombia. "El interés de las autoridades colombianas y de la justicia en Estados Unidos por juzgar a estas personas está centrado en sus actividades ilegales relacionadas con el tráfico de drogas y armas, y no por esclarecer la suerte de las víctimas", dijo una de las afectadas.
"El gobierno seguirá extraditando a los desmovilizados y acabará con la esperanza de saber la verdad", comentó a la prensa Teresita Gaviria, líder de la organización no gubernamental Madres de la Candelaria, que reclaman a sus hijos desaparecidos. El presidente Alvaro Uribe explicó que extraditó a 14 ex comandantes cabecillas porque no colaboraron debidamente para reparar a las víctimas, dificultaron la entrega de bienes y siguieron delinquiendo pese a firmar el acuerdo de paz en 2006.
Los opositores de Uribe pusieron sobre la mesa la ambigüedad de la decisión, que a primera vista puede parecer muy perjudicial para los ultraderechistas pero que socava los principios sobre los que fue erigido el proceso de paz en Colombia. "Lo que ha hecho el gobierno es dificultar la consecución de la verdad acerca del paramilitarismo en el país", dijo el legislador Gustavo Petro, uniéndose a los defensores de las víctimas que ven la iniciativa como una estrategia para acallar las confesiones.
Los analistas dijeron que una vez en estrados internacionales, los paramilitares que en Colombia se dedicaron a argumentar los crímenes y no a pedir perdón, manejarán sus versiones frente a jueces que desconocen la situación y antecedentes verdaderos. Uribe aseguró que llegó a convenios con el gobierno de su homólogo George W. Bush para que los afectados tengan representación en las ciudades norteamericanas donde se juzgará a los "narco- paramilitares" y que la riqueza recuperada les será entregada. En Estados Unidos los representantes del gobierno respaldaron esas aseveraciones y consideraron la extradición como muestra de las buenas relaciones bilaterales.
En ese sentido, los norteamericanos consideraron una excelente manera del gobernante colombiano para persuadir al Congreso estadounidense de la firma del tratado de libre comercio, supeditado a avances en el tema de los derechos humanos. Defensores de los afectados advirtieron que llevarán a cortes internacionales sus denuncias, entreviendo que Uribe dejó sin testigos las investigaciones contra políticos, funcionarios, multinacionales y fuerza pública por nexos paramilitares.
La desmovilización de las AUC en 2006 originó el mal llamado escándalo de la "parapolítica", que investiga esos nexos y tiene tras las rejas a 32 legisladores de mayoría oficialista y entre los que se encuentra un familiar de Uribe. Los gremios apoyaron la sorpresiva decisión del presidente, señalándola de meritoria de la potestad del Ejecutivo para orientar el proceso de paz, y manifestaron tranquilidad frente a eventuales consecuencias en los sectores productivos. La Corte Suprema de Justicia y la Fiscalía se limitaron a manifestar su confianza en que los procesos contra los responsables de miles de crímenes de lesa humanidad encuentren conductos en Estados Unidos para que no sean obstaculizados.
El fiscal Mario Iguarán no obstante calculó que 1.450 cadáveres de personas desaparecidas por las AUC fueron rescatados gracias a las confesiones de los ex jefes, pero dijo que el 95 por ciento de los crímenes permanecen en la impunidad. Iguarán dijo que más de 200.000 dólares quedaron en manos de las autoridades para reparar a las víctimas mientras que Uribe aseguró que las procederán a incautar los bienes de los ultraderechistas y los que están en manos de testaferros.
Diferentes sectores denotaron el fracaso del proceso de paz con las AUC, así como de la ley Justicia y Paz que se creó para ellos y que fue fundada sobre los principios de verdad, justicia y reparación que no podrán hacerse realidad. El marco jurídico estableció que los desmovilizados serían eximidos de la extradición y condenados máximo a penas de ocho años de cárcel si decían la verdad, reparaban a las víctimas y suspendían sus actividades criminales.
El supuesto de los interesados en ese proceso fue que si tales condicionamientos eran rotos, los responsables de miles de crímenes de lesa humanidad serían juzgados por la justicia ordinaria y posteriormente enviados a responder por delitos fuera del país.
Los desmovilizados que quedaron en la cárcel acusados de delitos diferentes a narcotráfico dijeron por su parte que el gobierno incumplió los acuerdos de la ley de paz y manifestaron desconfianza con las futuras decisiones sobre su situación jurídica. "Sabíamos que esto podía pasar, la decisión del presidente es un mensaje negativo para los miles de hombres que entregaron las armas, no se cumplió la ley de Justicia y Paz", dijo el desmovilizado Gonzalo Mejía.
"Hay incertidumbre porque la corte constitucional dejó inexequible el delito de sedición y en cualquier momento los desmovilizados podemos ir a la cárcel como delincuentes", agregó. Entre los extraditados se incluyen Salvatore Mancuso, Diego Fernando Murillo alias "Don Berna", Francisco Zuluaga alias "Gordo lindo", Rodrigo Tovar alias "Jorge 40", Hernán Giraldo alias "El Patrón", Nodier Giraldo, Eduardo Vengoechea y Ramiro Vanoy alias "Cuco Vanoy".
Los ultraderechistas son solicitados por cortes estadounidenses por delitos de tráfico de estupefacientes y lavado de activos. (Xinhua)14/05/2008..Regresar a Inicio > Titulares >
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