domingo, 17 de agosto de 2008

Colombianos buscan nueva palabra en su diccionario y la rebancha por los juicios contra políticos


Bogotá, 15 ago (PL) La nueva crisis que enfrenta al gobierno y a la Justicia colombianos obliga hoy a los ciudadanos a buscar infructuosamente en el diccionario un término acuñado por el presidente Alvaro Uribe.
Con la palabra "roscograma" el mandatario y su bancada definieron una acusación contra las instancias judiciales de favorecer a amigos y familiares en diferentes cargos y llamaron a combatir esa práctica fraudulenta.


El término adecuado es el de clientelismo, sobre el cual la Corte Suprema aceptó que sus funcionarios sean investigados, pero al mismo tiempo pidió que se haga lo mismo con todos los poderes públicos del estado colombiano.
Este nuevo enfrentamiento entre la Corte y el gobierno parece obedecer a las actuaciones de la Justicia colombiana contra las decenas de políticos, la mayoría muy cercanos al ejecutivo, implicados en el escándalo de la parapolítica.
En consecuencia, la víspera el máximo tribunal emitió un fuerte comunicado de cinco puntos en el cual rechazó imputaciones sobre presunta manipulación de testigos y otras prácticas de dudosa legalidad.
En el documento se reitera la transparencia de la actuación judicial en las investigaciones relacionadas con la parapolítica.
Asimismo, critica la extradición por el gobierno de 14 ex jefes paramilitares a Estados Unidos, en junio último.

En tal sentido recuerda que la Corte ha solicitado en dos oportunidades al presidente Alvaro Uribe que precise los motivos para el envío de los ex jefes paramilitares, sindicados de violación del Derecho Internacional Humanitario y de derechos humanos.
Esa decisión, puntualiza el comunicado, puso en riesgo las investigaciones y el juzgamiento de esas personas, y obstaculizó la colaboración de la justicia en los casos de la parapolítica en la que son testigos.
La Corte pidió además a la Procuraduría General investigar a los funcionarios públicos, aunque no menciona nombres, que intentan deslegitimarla.

En tanto, el vicepresidente de la Corte, Javier Zapata Ortiz, anunció que el tribunal acudirá a organismos internacionales que verifiquen la interferencia del gobierno contra la labor en el proceso de la parapolítica.
Explicó que "hay comentarios recurrentes, sistemáticos y orquestados que son malsanos, orientados a generar una opinión contraria a la Corte > Volver a Inicio >

sábado, 26 de julio de 2008

Arrestan en Colombia al Senador Carlos García, a raríz de la parapolítica


Colombia
Afp y Dpa
Bogotá, 25 de julio. El senador colombiano Carlos García, presidente del principal partido de la coalición del gobierno del presidente Álvaro Uribe, fue arrestado hoy por orden de la Corte Suprema de Justicia por presuntos vínculos con grupos paramilitares.



En el contexto del proceso de la llamada parapolítica que estalló en 2006, García fue detenido cuando vacacionaba en el balneario caribeño Santa Marta; se dijo “tranquilo” al declararse “completamente inocente”.
El líder del Partido Social de Unidad Nacional fue implicado en abril pasado en este caso de relaciones de políticos con los ultraderechistas, en particular con los grupos que se movilizaban en su departamento de Tolima.

El escándalo de estos nexos no sólo involucra a congresistas, sino también a ex gobernadores, alcaldes, diputados y políticos regionales. A la fecha son investigados 68 congresistas elegidos en 2006, de los cuales 33 están presos bajo cargos de delinquir y la conformación de grupos armados ilegales.
Entre los detenidos figura el ex senador Mario Uribe, primo del presidente Álvaro Uribe y dirigente del partido oficial Colombia Democrática. García, líder del Senado entre 2001 y 2002, es uno de los principales representantes del uribismo en el Congreso.
El vicepresidente colombiano, Francisco Santos, declaró que el gobierno está dispuesto a una conversación “seria, profunda que llegue rápido a soluciones concretas” con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia.
No obstante, Santos dijo que ordenó la recaptura de Rodrigo Granda, el llamado canciller de las FARC, a quien el gobierno liberó hace un año por pedido del presidente Nicolas Sarkozy para facilitar la liberación de rehenes.

El ministro ecuatoriano de Seguridad, Gustavo Larrea, declaró en Washington que esta semana hubo choques entre militares de su país y guerrilleros en la frontera con Colombia, destruyendo dos campamentos rebeldes y sin bajas entre las partes. Añadió que una guerrillera, detenida el jueves, podría ser extraditada a Colombia. Volver a Inicio > Titulares >
Otra noticia relacionada:
Colombia: escándalo histórico sigue latente

Rafael Calcines Armas
Bogotá, 26 jul (PL) La investigación o convocatoria a juicio de varios políticos colombianos a lo largo de la semana evidenció que el largo escándalo de la parapolítica mantiene plena vigencia.
El viernes, Carlos García Orjuela, Presidente del Partido Social de Unidad Nacional (conocido como de la U, por su respaldo a Alvaro Uribe) fue detenido por orden de la Corte Suprema de Justicia por vínculos con los paramilitares.
La Sala Penal de la Corte tiene en su poder pruebas documentales y testimonios de personas que relacionan a García con las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) en el departamento de Tolima, cuando era presidente del Congreso de la República.
Hace tres meses comenzaron las investigaciones contra García Orjuela, a quien se acusa del delito de concierto para delinquir agravado.
Su detención es considerada por analistas como un fuerte golpe para los partidarios de Uribe.
Días antes la Fiscalía General llamó a juicio al también ex presidente del Congreso Luis Humberto Gómez, del Partido Conservador, también por el delito de concierto para delinquir agravado.
Asimismo, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia abrió una investigación preliminar sobre el senador Víctor Renán Barco por presuntas relaciones con un connotado ex jefe paramilitar.
En el escándalo, que estalló en el 2006, ya han sido vinculados de una u otra forma 68 políticos, la inmensa mayoría muy cercanos al gobierno.
Otro hecho relacionado en cierta medida con el accionar de los paramilitares fue la condena de 30 transnacionales que operan en Colombia, por el Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP) en audiencia simbólica celebrada en esta capital.
El fallo, casi ignorado por los grandes medios de prensa locales, les achaca entre otros delitos contribuir al "asesinato, exterminio, deportación, privación de la libertad, tortura, persecución de un grupo y desaparición forzada de personas".
Entre esas empresas figuran Coca Cola, Nestlé, Chiquita Brands, OXI, Repsol, Drummond, Cemex, Glencore-Xtrata, Anglo American, Bhp Billington, Anglo Gold, Monsanto, Cartón de Colombia, Delmonte, Unión Fenosa, Aguas de Barcelona, Endesa y Telefónica.
Uno de los casos más señalados es el de la bananera estadounidense Chiquita Brands, que el año pasado fue condenada en Estados Unidos solo a pagar una irrisoria multa por sus estrechos vínculos con los paramilitares.
ln/rc > Regresar a Inicio > Titulares >

jueves, 17 de julio de 2008

Ordenan captura de alcalde de La Dorada por supuestos nexos con AUC

Colombia miércoles, 16 de julio de 2008 20:48
Un fiscal de Manizales dictó medida de aseguramiento contra el alcalde de La Dorada, Caldas, Justo Capera Caicedo.

El mandatario es investigado por supuestos vínculos con los grupos de Autodefensas, que eran comandados por el desmovilizado Ramón Isaza.

Un video en el que el mandatario aparece reunido con varios integrantes de los grupos paramilitares sirvió de prueba para adelantar la investigación. Regresar a Inicio > Titulares >

martes, 20 de mayo de 2008

En Colombia llegó la hora crítica para las FARC, con la muerte y entrega de importantes jefes



En concepto de los sociólogos, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia –FARC-, uno de los movimientos más antiguos del país, está atravesando una de las peores crisis de su historia y tiene sus días contados, ante las estrategias delatoras del gobierno.

Otros indican que en Colombia las fuerzas Revolucionarias surgen por las profundas desigualdades sociales y si un grupo desaparece, surgen otros con nuevas ideologías.

Se entregó “alias Karina”

Acosada por el hambre y el temor de ser traicionada de muerte por los subalternos del Frente 47 de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia -FARC- la comandante de ese escuadrón, Nelly Ávila Moreno, “alias Karina” puso fin a más de 20 años de lucha guerrillera.

Temor por delación LEER MAS >

domingo, 18 de mayo de 2008

En Colombia se está cumpliendo la filosofía de Maquiavelo: ¡divide y reinarás!

Gráfica de una comisión del Congreso de la república de Colombia.
Autorneto > Referencia > Noticias Mundiales

por
, May 18, 2008


En el país del Sagrado Corazón parece estarse repitiendo la historia de hace más de 400 años en Italia, relatada por Nicolás Maquiavelo en su obra “El príncipe”. La corrupción que invadió los más altos escenarios del Estado colombiano es aprovechada por la ilegalidad para que triunfen las divisiones internas y que Colombia sea rechazada por naciones del Cono Sur, mientras EE UU podría convertirse en la aparente tabla de salvación, con el falso pretexto de las amenazas insurgentes.

Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia -FARC- parece tener muy clara la filosofía del escritor Nicolás Maquiavelo, sobre la teoría “Divide y Reinarás”.

Ya lo han confirmado varios jefes de estado, de que por culpa de las FARC, Colombia está enfrentada desde el primero de marzo pasado, en una profunda crisis jamás vista en la historia, contra Venezuela y Ecuador, luego del bombardeo que las fuerzas regulares colombianas realizaron en territorio ecuatoriano.


Falta de mesura en la casa de Nariño ...

viernes, 16 de mayo de 2008

¿Parapolítica, a las puertas de Palacio de Nariño?


Colombia

Por Óscar Javier Gamboa, reportero de El País.

Debate sobre si ‘paravotos’ habrían reelegido a Uribe en el 2006.

El Mandatario reveló que lo quieren vincular con una masacre. El intento del ex senador Mario Uribe Escobar, su primo y principal socio político, de eludir la acción de la justicia mediante la solicitud de asilo político en Costa Rica, era lo peor que le podía pasar al presidente de la República, Álvaro Uribe Vélez, dentro del actual panorama de crisis que afronta desde que asumió la conducción del Estado.

Así lo consideran analistas y congresistas, para quienes la actual coyuntura, en la que se han conjugado asuntos económicos, judiciales, institucionales y de orden internacional, es la más difícil que ha debido soportar el país en los ya casi seis años de la administración Uribe. Y es que como lo expresara el representante a la Cámara Roy Barreras (Cambio Radical) son los amigos más cercanos quienes le están haciendo mayor daño al Presidente de los colombianos.

“La actitud del ex senador Mario Uribe es un muy mal mensaje a la comunidad internacional porque desdice mucho del talante de algunos de los socios políticos del Gobierno”, dice el senador Jorge Enrique Robledo, quien advierte que el 90% de los congresistas presos por el caso de la parapolítica, hacen parte de la coalición que llevó a Uribe Vélez a la Presidencia.
Tales comentarios pudieran pasar sin mayor resonancia de no ser porque, además de la cercanía del Mandatario con la mayoría de los implicados en la parapolítica, la entrada del escándalo a la casa de Nariño se dio nada menos que por la puerta principal y de la mano del entonces director del DAS Jorge Noguera, quien fue nombrado cónsul en Milán (Italia) luego de su precipitada renuncia al organismo de seguridad en medio de acusaciones de supuesto favorecimiento a paramilitares.
También llegó al Gobierno nombrado por Uribe el hoy prófugo de la justicia Salvador Arana, ex embajador en Chile. Para el ex candidato a la vicepresidencia Iván Marulanda, es innegable que en la medida en que avanzan las investigaciones de la Fiscalía y la Corte Suprema de Justicia las capturas y apertura de procesos llegan cada vez más cerca de la figura presidencial.

Entre los nuevos procesados se encuentran el senador Carlos García Orjuela, presidente del Partido de la U (creado a imagen y semejanza del Mandatario); la presidenta del Congreso, Nancy Patricia Gutiérrez, la senadora preferida de Uribe, al decir de la senadora Cecilia López. Y además, dentro de quienes ya están presos se encuentran connotados activistas del uribismo como los senadores Dieb Maloof, Luis Humberto Gómez Gallo, Rubén Darío Quintero (secretario privado de Uribe en la Gobernación de Antioquia), Álvaro Araújo y el conservador Ciro Ramírez, autor, el año pasado, de un proyecto de reforma constitucional para que el Presidente pudiera ser reelegido en un tercer período, entre otros.

Otro de los grandes cuestionados por supuestamente favorecer a los ‘paras’ es el ex fiscal Luis Camilo Osorio, a quien el Presidente nombró embajador en México, si bien éste es más cercano al ex presidente Andrés Pastrana. Votos buenos, votos malos El planteamiento que hacen algunos contradictores del Mandatario es que así como los votos que eligieron a los congresistas de la parapolítica fueron malos y obtenidos de manera ilegítima igual pasa con los que dos meses después se depositaron en favor de Uribe con el respaldo de esos mismos dirigentes. Para la senadora Cecilia López “es incomprensible que ahora se diga que esos votos eran malos cuando eligieron a los miembros del Congreso y a quienes están en la cárcel, pero buenos cuando eligieron o reeligieron al señor presidente Uribe”.

En los mismos términos se expresó en reciente entrevista la ex representante a la Cámara Rocío Arias (privada de la libertad) quien refiriéndose a declaraciones del presidente Uribe dijo que “es paradójico que mis votos fueron buenos para ayudar a elegirlo pero ahora esos votos son de delincuentes... Creo que la base social no sólo de las autodefensas sino del país entero apoyó al presidente Uribe”.

En el 2006, María Consuelo Araújo tuvo que renunciar a la Cancillería después de que su padre y su hermano fueran vinculados al proceso de la parapolítica.Sin embargo, otros analistas subrayan que los congresistas y el Presidente fueron elegidos en comicios diferentes y que la base electoral de Uribe era muy superior a la de los parlamentarios que lo apoyaron. Pero al margen de sí unos votos fueron malos o buenos, uno de los efectos de las decisiones de la justicia es que el Presidente se está quedando sin amigos en el Congreso y ve amenazada su mayoría.

“Se están cerrando los espacios políticos del Presidente, se le erosionó el terreno de sus apoyos políticos en el Congreso y algunos de sus más cercanos colaboradores también están señalados por la justicia de haber actuado en connivencia con organizaciones criminales”, dijo sobre el particular Iván Marulanda. Y aunque hasta el momento no hay una investigación formal contra Uribe y la legitimidad de los votos que lo eligieron en dos oportunidades es incuestionable, como advierte el representante a la Cámara Roy Barreras, hay quienes señalan que es muy difícil que no se hubiera enterado de que sus socios políticos estaban haciendo acuerdos con los paramilitares para hacerse elegir.
“Allí habría que preguntar es si los coroneles que dieron la batalla electoral hicieron esos acuerdos a espaldas del general”, expresó un ex congresista, quien considera que “por el tema de la parapolítica no lo van a sancionar (a Uribe) porque la investigación la haría la Comisión de Acusaciones de la Cámara, pero después podría ser investigado por tribunales internacionales”. Para la directora del Movimiento Mira, senadora Alexandra Moreno Piraquive, es exagerado tratar de relacionar las votaciones de los congresistas uribistas con la obtenida por el Presidente. “El Congreso tiene una votación especifica, pero hay quienes quieren extenderla a la presidencia. Al Presidente deben investigarlo por sus propias actuaciones y no por la votación que obtuvo o por la de algún congresista que hoy se llama uribista.

Me parece que eso es exagerar un poco la situación”, manifestó. En su concepto, el Presidente no puede responder por la votación de sus amigos vinculados a la parapolítica. Similar reflexión hizo el representante Barreras, quien agregó que “el problema de la implicación mafiosa no es exclusiva de los partidos uribistas. También hay once congresistas liberales (de la oposición) comprometidos en la parapolítica”.

Por ello, dijo, podría considerarse la posibilidad de anular todas las votaciones en las zonas afectadas por la parapolítica, pero reconoció que ello tendría muchas dificultades. Entre tanto, la expectativa se centra en mirar cuánto se le ha estrechado al Presidente el anillo de teflón que lo ha mantenido intocable por los escándalos ante la opinión pública, porque como lo expresó la senadora Cecilia López “la ilegalidad ya está llegando al Ejecutivo”.

La votación de los parapolíticos Un informe elaborado por el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, Indepaz, señala que de acuerdo con las decisiones de la justicia, los senadores investigados y condenados por la parapolítica obtuvieron en el 2006 1.633.386 votos. 1.200.000 corresponden a movimientos uribistas.

Según el ex ministro Camilo González, sólo en el Senado se tiene una lista escabrosa que muestra el compromiso de partidos con la parapolítica. Los votos de los implicados a ‘paraprocesos’ significan 63,5%, en Colombia Democrática; 35%, en Alas Equipo Colombia; 32,4%, en Convergencia Ciudadana; 19%, en Cambio Radical; 18,7%, en el Partido Conservador, 16% en el Partido de la U.

En la Cámara de Representantes los votos obtenidos por quienes están vinculados a la parapolítica ascienden hasta el momento a 750.199, equivalentes al 8,47% del total de la votación para esa corporación en el 2006. “La parapolítica compromete a los jefes y representantes de partidos que a la fecha tienen un alto porcentaje de sus votos cuestionados por abierta alianza con grupos perpetradores de crímenes atroces como método de incidencia política”, añade González. "Imagínense a los parapoliticos interviniendo en el nombramiento de magistrados o votando la reforma para nueva reelección. Mejor dicho sálvese el que pueda que llegó la hecatombe": Camilo González Posso, director Indepaz. "Es evidente que más del 90% de los congresistas de la parapolítica son uribistas.

Es un hecho como una catedral de grande que le salta todos los días en la nariz al Presidente”: Jorge Robledo, senador. "Para garantizar su votación hacia el doctor Uribe, repitieron el fraude en las presidenciales.

El mismo fraude que hicieron para elegirse ellos, lo repitieron para aportarle los votos al Presidente”: Rafael García, ex director informática del DAS. Volver a Inicio > Titulares > Portafolio/Cadena Triond >

miércoles, 14 de mayo de 2008

La extradición de ex jefes paramilitares de Colombia es un aparente triunfo político de Uribe y de Bush



En las gráficas de Comprensa los cuatro caracterizados ex jefes paramilitares, Salvatore Mancuso (arriba izq); "Don Berna" (arriba der); "Jorge 40" (abajo izq) y Hernán Giraldo (abajo der).

por , May 14, 2008

La extradición de ex jefes de grupos paramilitares de Colombia hacia los Estados Unidos fue una pérdida para las víctimas de las masacres, secuestros y desapariciones de Colombia, y un triunfo político para los presidentes Uribe y Bush.
La decisión del presidente colombiano Álvaro Uribe de extraditar al país norteamericano a los ex jefes de los escuadrones de paramilitares fue calificada por distintos sectores como un triunfo políticos en momentos que se debate la campaña presidencial de Estados Unidos y se presiona la aprobación del TLC con Colombia.

Asociaciones de víctimas

Integrantes de las Asociaciones de familiares de las personas que fueron asesinadas y despojadas de sus bienes en distintas partes de
Colombia, expresaron que se hallaban a la espera de indemnizaciones mediante los procesos seguidos a la luz de la Ley de Justicia, paz y reparación, pero que con esta determinación gubernamental, se van al trasto todas las esperanzas y se quedarán en la misteriosa impunidad todos los delitos.

Procesos de nulidad

Los apoderados de los familiares de las víctimas anunciaron una serie de procesos de nulidad contra la determinación del gobierno, con el propósito de que esos líderes de las agrupaciones paramilitares sean juzgados en Colombia primero, para que confiesen la verdad y realicen las indemnizaciones que sean del caso sobre masacres, secuestros, desapariciones y destierro forzado y luego si sean extraditados para que respondan por los cargos adicionales que se les acusa, como el narcotráfico y lavado de activos. LEER MAS...

martes, 13 de mayo de 2008

Víctimas deploran extradición de paramilitares colombianos



Las víctimas de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) deploraron el día 13 la extradición de los ex paramilitares, quienes fueron enviados a Estados Unidos sin que hubieran indemnizado a los afectados en Colombia. "El interés de las autoridades colombianas y de la justicia en Estados Unidos por juzgar a estas personas está centrado en sus actividades ilegales relacionadas con el tráfico de drogas y armas, y no por esclarecer la suerte de las víctimas", dijo una de las afectadas.

"El gobierno seguirá extraditando a los desmovilizados y acabará con la esperanza de saber la verdad", comentó a la prensa Teresita Gaviria, líder de la organización no gubernamental Madres de la Candelaria, que reclaman a sus hijos desaparecidos. El presidente Alvaro Uribe explicó que extraditó a 14 ex comandantes cabecillas porque no colaboraron debidamente para reparar a las víctimas, dificultaron la entrega de bienes y siguieron delinquiendo pese a firmar el acuerdo de paz en 2006.

Los opositores de Uribe pusieron sobre la mesa la ambigüedad de la decisión, que a primera vista puede parecer muy perjudicial para los ultraderechistas pero que socava los principios sobre los que fue erigido el proceso de paz en Colombia. "Lo que ha hecho el gobierno es dificultar la consecución de la verdad acerca del paramilitarismo en el país", dijo el legislador Gustavo Petro, uniéndose a los defensores de las víctimas que ven la iniciativa como una estrategia para acallar las confesiones.

Los analistas dijeron que una vez en estrados internacionales, los paramilitares que en Colombia se dedicaron a argumentar los crímenes y no a pedir perdón, manejarán sus versiones frente a jueces que desconocen la situación y antecedentes verdaderos. Uribe aseguró que llegó a convenios con el gobierno de su homólogo George W. Bush para que los afectados tengan representación en las ciudades norteamericanas donde se juzgará a los "narco- paramilitares" y que la riqueza recuperada les será entregada. En Estados Unidos los representantes del gobierno respaldaron esas aseveraciones y consideraron la extradición como muestra de las buenas relaciones bilaterales.

En ese sentido, los norteamericanos consideraron una excelente manera del gobernante colombiano para persuadir al Congreso estadounidense de la firma del tratado de libre comercio, supeditado a avances en el tema de los derechos humanos. Defensores de los afectados advirtieron que llevarán a cortes internacionales sus denuncias, entreviendo que Uribe dejó sin testigos las investigaciones contra políticos, funcionarios, multinacionales y fuerza pública por nexos paramilitares.

La desmovilización de las AUC en 2006 originó el mal llamado escándalo de la "parapolítica", que investiga esos nexos y tiene tras las rejas a 32 legisladores de mayoría oficialista y entre los que se encuentra un familiar de Uribe. Los gremios apoyaron la sorpresiva decisión del presidente, señalándola de meritoria de la potestad del Ejecutivo para orientar el proceso de paz, y manifestaron tranquilidad frente a eventuales consecuencias en los sectores productivos. La Corte Suprema de Justicia y la Fiscalía se limitaron a manifestar su confianza en que los procesos contra los responsables de miles de crímenes de lesa humanidad encuentren conductos en Estados Unidos para que no sean obstaculizados.

El fiscal Mario Iguarán no obstante calculó que 1.450 cadáveres de personas desaparecidas por las AUC fueron rescatados gracias a las confesiones de los ex jefes, pero dijo que el 95 por ciento de los crímenes permanecen en la impunidad. Iguarán dijo que más de 200.000 dólares quedaron en manos de las autoridades para reparar a las víctimas mientras que Uribe aseguró que las procederán a incautar los bienes de los ultraderechistas y los que están en manos de testaferros.

Diferentes sectores denotaron el fracaso del proceso de paz con las AUC, así como de la ley Justicia y Paz que se creó para ellos y que fue fundada sobre los principios de verdad, justicia y reparación que no podrán hacerse realidad. El marco jurídico estableció que los desmovilizados serían eximidos de la extradición y condenados máximo a penas de ocho años de cárcel si decían la verdad, reparaban a las víctimas y suspendían sus actividades criminales.

El supuesto de los interesados en ese proceso fue que si tales condicionamientos eran rotos, los responsables de miles de crímenes de lesa humanidad serían juzgados por la justicia ordinaria y posteriormente enviados a responder por delitos fuera del país.

Los desmovilizados que quedaron en la cárcel acusados de delitos diferentes a narcotráfico dijeron por su parte que el gobierno incumplió los acuerdos de la ley de paz y manifestaron desconfianza con las futuras decisiones sobre su situación jurídica. "Sabíamos que esto podía pasar, la decisión del presidente es un mensaje negativo para los miles de hombres que entregaron las armas, no se cumplió la ley de Justicia y Paz", dijo el desmovilizado Gonzalo Mejía.

"Hay incertidumbre porque la corte constitucional dejó inexequible el delito de sedición y en cualquier momento los desmovilizados podemos ir a la cárcel como delincuentes", agregó. Entre los extraditados se incluyen Salvatore Mancuso, Diego Fernando Murillo alias "Don Berna", Francisco Zuluaga alias "Gordo lindo", Rodrigo Tovar alias "Jorge 40", Hernán Giraldo alias "El Patrón", Nodier Giraldo, Eduardo Vengoechea y Ramiro Vanoy alias "Cuco Vanoy".

Los ultraderechistas son solicitados por cortes estadounidenses por delitos de tráfico de estupefacientes y lavado de activos. (Xinhua)14/05/2008..Regresar a Inicio > Titulares >

martes, 22 de abril de 2008

Se entrega el senador colombiano Ricardo Elcure, investigado por nexos con 'paras'


BOGOTA (Reuters) - Un senador colombiano, investigado por sus supuestos nexos con los escuadrones paramilitares, se entregó el lunes a la Fiscalía después de que la Corte Suprema de Justicia ordenó su captura con lo que se elevó a 32 los congresistas privados de la libertad.

Ricardo Elcure Chacón, legislador del Partido Colombia Democrática, se presentó a la sede de la Fiscalía General en Bogotá antes de que el organismo hiciera efectiva la orden de captura proferida por el tribunal dentro del proceso de la "parapolítica."

Además de los congresistas encarcelados, otros 31 son investigados, acusados de haber hecho acuerdos con los paramilitares de ultraderecha o de recibir apoyo financiero o logístico para ser elegidos con votos de regiones controladas por esos grupos armados ilegales.

Elcure había reemplazado al senador Mario Uribe, primo del presidente Alvaro Uribe, investigado en el mismo proceso criminal que desató un escándalo y una crisis al interior del Congreso de Colombia, una de las instituciones más impopulares del país, de acuerdo con encuestas.

El senador está acusado de haber recibido unos 45.000 dólares de un jefe paramilitar para una campaña cuando fue candidato a la gobernación del departamento de Norte de Santander, una región fronteriza con Venezuela, en el 2003.

"Es algo muy inconsistente en donde él dice (un paramilitar) que cree que me dieron una plata," dijo Elcure a periodistas al declararse inocente.

La mayoría de legisladores investigados y en la cárcel son aliados del presidente Uribe quien, pese al escándalo y a la crisis, descartó la posibilidad de revocar el Congreso y convocar a nuevas elecciones.

Los paramilitares aparecieron en la década de 1980 como ejércitos privados financiados por ganaderos, terratenientes, comerciantes y narcotraficantes perseguidos por la guerrilla.

Estos escuadrones, acusados de obtener millonarios ingresos del narcotráfico y de cometer las peores violaciones a los derechos humanos, se desmovilizaron en medio de un acuerdo de paz con el Gobierno en el que más de 31.000 combatientes entregaron las armas.

(Reporte de Luis Jaime Acosta; Editado por Juana Casas)
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Mario Uribe pide asilo en Embajada de Costa Rica


Parapolítica
La Fiscalía General dictó medida de aseguramiento esta mañana contra el ex senador antioqueño Mario Uribe Escobar.

Luego de conocer la decisión, Uribe se dirigió a la sede diplomática de Costa Rica. Noticia en desarrollo.
Fecha: 04/22/2008 - La Fiscalía General de la Nación dictó medida de aseguramiento esta mañana contra el ex presidente del Congreso
Mario Uribe Escobar. El senador fundador del partido Colombia Democrática, quien es primo segundo del presidente y uno de sus aliados políticos más importantes, había renunciado a su curul en el Senado en septiembre del año pasado. Al renunciar a su fuero, Uribe empezó a ser investigado por la Fiscalía. Luego de enterarse de la orden de captura en su contra, el exparlamentario y sus abogados se dirigieron a la sede de la embajada de Costa Rica en Bogotá a las diez y media de la mañana. El abogado de Uribe, José del Carmen Ortega dijo que alrededor de las cuatro de la tarde emitirá un comunicado con los motivos por los cuales el ex senador está solicitando asilo. Mientras tanto, funcionarios del CTI ya se encuentran en los alrededores de la embajada, esperando su salida. Hace diez años Costa Rica le otorgó asilo al ex ministro Alvaro Leyva cuando la Fiscalía le dictó medida de aseguramiento por enriqueciemiento ilícito.Ayer, Ricardo Elcure, quien había remplazado a Mario Uribe en el Senado, fue detenido por orden de la Corte Suprema por supuestos nexos con los paramilitares en Norte de Santander. Con Mario Uribe son 32 los congresistas de la presente legislación detenidos por parapolítica. El caso de Mario Uribe
La papa caliente
Un trago amargo
Como lo publicó Semana en noviembre de 2006, el senador de Colombia Democrática fue mencionado por Jairo Castillo, el testigo clave en el proceso que lleva la Corte por presuntos lazos congresistas con paramilitares.
Leer en Revista Semana.com

jueves, 17 de abril de 2008

Corte inició investigación preliminar contra el representante Javier Ramiro Devia por 'parapolítica'

Fuente El tiempo.
Rocío Arias señala a Presidenta del Senado de tener nexos con paramilitares de Cundinamarca Este representante conservador por el Tolima pertenece a la línea del senador Luis Humberto Gómez Gallo, quien también está privado de la libertad por los mismos cargos.

Devia ingresó al Congreso en reemplazo del representante Iván David Hernández, quien perdió su investidura por una determinación del Consejo de Estado y su nombre aparece en la misma investigación preliminar que la Corte abrió contra el senador Carlos García, presidente del partido de la U.

Con Devia ya son cinco los congresistas tolimenses vinculados con el escándalo de la parapolítica.
Entre tanto, en la Corte hay expectativa por la declaración que rendirá hoy la ex congresista Rocío Arias, quien a través de sus testimonios relaciona a dos congresistas de Antioquia con la parapolítica.
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La papa caliente. Cronica de la Revista Semana


Cronica tomada de la Revista Semana.com
El caso de Mario Uribe, el primo del Presidente procesado por la para-política, se ha vuelto un lío para la Fiscalía. ¿Cuáles son los argumentos a favor y en contra en el expediente?

El senador Mario Uribe Escobar le dijo a SEMANA: “Durante toda mi vida como político no hice otra cosa que hablar. Pero ahora veo que es necesario un tiempo para el silencio por elemental respeto con los fiscales que conocen mi caso”. La trascendental decisión sobre la investigación en su contra se conocerá en los próximos días La papa caliente El caso de Mario Uribe, el primo del Presidente procesado por la para-política, se ha vuelto un lío para la Fiscalía. ¿Cuáles son los argumentos a favor y en contra en el expediente?

Fecha: 04/12/2008 -1354
Mario Uribe no es un primo cualquiera para el presidente Álvaro Uribe. Es más, a pesar de que en realidad son primos segundos, la vida política los ha convertido en hermanos de la vida pública. No sólo llegaron juntos al Congreso en 1986 –la fórmula era Álvaro al Senado y Mario a la Cámara–, sino que compartieron el mismo apartamento en Bogotá. Y, después, cuando Álvaro dejó su curul para lanzarse a la gobernación de Antioquia, Mario heredó toda su fuerza electoral.
El grado de cercanía de Mario Uribe con el Presidente más popular de la historia reciente hace que el caso del hoy ex senador sea el más complicado de las 51 investigaciones que están abiertas contra congresistas por el escándalo de la para-política. Hay todo tipo de interpretaciones mediáticas, simbólicas y políticas que van más allá de la órbita de la investigación judicial. Por eso, al fiscal Mario Iguarán se le ha convertido en una verdadera ‘papa caliente’. Con cara pierde y con sello, también.

Si decide precluir la investigación, de inmediato los opositores del gobierno o quienes, sin ser opositores, creen que hay razones para inculpar a Mario Uribe, dirán que no se podría esperar otra cosa de un fiscal que saltó de ser viceministro de Justicia del gobierno Uribe a investigador del primo del Presidente. No va a importar entonces lo que diga el expediente ni todas las muestras de independencia que Iguarán haya podido dar en los cuatro años de su gestión. Pero, por el otro lado, si el Fiscal decide dictarle una medida de aseguramiento a Mario Uribe, lo cual indicaría que hay razones para seguir investigando, tendría también que mostrar pruebas sólidas para hacerlo o, de otra manera, el malestar en la Casa de Nariño podría tener dimensiones de hecatombe.

No es la primera vez que un fiscal general se ve enfrentado a casos parecidos. A Alfonso Gómez Méndez le tocó vivir una presión similar cuando tuvo a su cargo la investigación contra tres ministros del presidente Ernesto Samper por el proceso 8.000. Y ni qué decir de la época de Alfonso Valdivieso, cuando los congresistas también eran investigados a granel. La tensión en el caso de Mario Uribe ha llegado a su momento culminante, pues en unos 15 días la Fiscalía podría tomar una decisión. En la Casa de Nariño, en la Corte Suprema, en la Fiscalía, en el Congreso, en las ONG, en la academia que le sigue el rastro a la para-política y hasta en La Picota, en el patio de los congresistas presos, los rumores son el pan de cada día.

Con toda razón al Fiscal General se le ha oído decir que, desde el punto de vista de las presiones, el caso de Jorge Noguera, ex director del DAS, es una pera en dulce al lado del de Mario Uribe.
La atmósfera de tensión empezó hace seis meses cuando, el 26 de septiembre del año pasado, la Corte Suprema llamó a indagatoria al entonces senador Mario Uribe. La noticia tomó por sorpresa al presidente Álvaro Uribe en Nueva York, donde participaba en la Asamblea de Naciones Unidas. Desde allí dijo: “Como Presidente, debo apoyar a la justicia. Como persona, siento tristeza”.
Un mes después se supo que la incomodidad del mandatario no paró allí. No esperó a llegar a Colombia para llamar directamente, ese mismo día, al entonces presidente de la Corte Suprema, César Julio Valencia. El contenido de la conversación no está claro, pues es la médula de una denuncia penal que interpuso el propio Álvaro Uribe contra el magistrado Valencia ante la Comisión de Acusación de la Cámara.

Como se recuerda, la chispa se encendió cuando el magistrado Valencia dijo en una entrevista en El Espectador que Uribe, cuando lo llamó desde Nueva York, le preguntó por el caso de su primo Mario. La Casa de Nariño ripostó de inmediato, señaló a Valencia de no decir la verdad y, a renglón seguido, instauró una denuncia en su contra. Ese episodio, que en otras circunstancias se habría resuelto con una simple llamada entre las dos partes para aclarar lo ocurrido, demuestra la sensibilidad del caso Mario Uribe. Pocas veces en la historia del alto poder en Colombia un rifirrafe entre tan altos dignatarios había llegado a los tribunales en términos de polígrafos.

Lo cierto es que una semana después de ser llamado a indagatoria por la justicia, Mario Uribe hizo lo que sus amigos le habían recomendado que hiciera mucho antes: renunciar a su calidad de congresista para evitar que la tenaza de la Corte Suprema lo siguiera apretando. El ‘chicharrón’ le cayó entonces a la Fiscalía Delegada ante la Corte. Aunque nadie lo acepta públicamente, lo cierto es que prácticamente ninguno de los fiscales delegados quería echarse encima la investigación en contra del primo del Presidente. El turno le tocó entonces a Ángela Buitrago, la fiscal que desenterró la investigación sobre los desaparecidos del Palacio de Justicia y que entre los pasillos del búnker es considerada como ‘de línea dura’.

Sin embargo, unas horas después, el fiscal Mario Iguarán –para evitar sobrecargar a Buitrago con expedientes gordos, según dijo un alto vocero de la Fiscalía– le reasignó el caso a Ramiro Alonso Marín Vásquez, un fiscal que es reconocido por su seriedad, que está a punto de jubilarse y que es conocido por muchos fiscales del país como el maestro del nuevo sistema penal acusatorio. En diciembre pasado, Mario Uribe rindió indagatoria ante la Fiscalía. De ahí en adelante todo ha sido un verdadero calvario para el investigado y para los investigadores. Cuanto papel se mueve en ese expediente, de inmediato queda en el ojo del huracán. Desde luego que las presiones para la decisión final en el expediente número 11499 no son públicas, pero por debajo de la mesa la cosa es en serio. Es decir, presionan los amigos y los enemigos del
Presidente de la República. En sectores de la Corte y de columnistas de prensa, por ejemplo, el jalón de orejas que Álvaro Uribe Vélez les pegó –el 8 de octubre– a los magistrados de la Corte
Suprema de Justicia se interpretó como una respuesta al llamamiento a indagatoria de su primo.
Ese día, el primer mandatario, a través de un comunicado de prensa, denunció que la Corte estaba tratando de conseguir testigos en su contra y se refirió concretamente a ‘Tasmania’, un paramilitar del suroeste antioqueño, hoy preso. Al día siguiente se supo que la queja del Presidente estaba conectada con el caso Mario Uribe, pues el abogado de ‘Tasmania’ precisó que al testigo le habrían pedido que declarara también en su contra. En ese momento, el jefe de Estado acusó como responsable de este hecho al que para muchos es la piedra angular de la investigación de la para-política: el magistrado auxiliar Iván Velásquez Gómez. La denuncia del Presidente sigue en investigación.
Pero la Corte Suprema de Justicia tampoco se ha quedado quieta. Algunos magistrados, sobre todo los de la sala penal, aún no se reponen de la andanada de Uribe Vélez contra ellos, el 8 y el 9 de octubre. No parece haber otra explicación para que los magistrados, haciendo caso omiso de la autonomía de la Fiscalía, se hayan dedicado a regañar al fiscal Mario Iguarán y, en dos comunicados públicos, darle a entender que la institución a su cargo no ha mostrado la celeridad que ellos quisieran en el tema de la parapolítica. El llamado de atención de la Corte a Iguarán por la supuesta lentitud en el proceso contra el ex senador Jorge Castro Pacheco también parecería llevar entre líneas un mensaje sobre el caso de Mario Uribe, que lleva seis meses de investigación sin tomar una decisión de fondo. Tampoco parece gratuito el hecho de que la Corte Suprema haya empezado la redada contra los congresistas antioqueños en el momento mismo en que la Fiscalía está a punto de pronunciarse sobre el expediente de Mario Uribe. Es más, personas cercanas al fiscal Mario Iguarán han comentado que desde la Corte Suprema le han llegado voces que le dicen que “para-política sin Mario Uribe no es para-política”.

Y como si fuera poca la tensión, el asesor presidencial José Obdulio Gaviria enredó más la pita hace dos semanas, al decir en el programa Hora 20 que el tema de Mario Uribe iba por buen camino en la Fiscalía. La pregunta inmediata que suscitó fue: ¿Cómo podía saber la Presidencia en qué iba el proceso? Frente a ese comentario del vocero informal de la Casa de Nariño, el propio Fiscal dijo a la revista Cambio que la actitud de José Obdulio era “perversa”.

No se había acallado el eco de esta polémica cuando se desató otra crisis por cuenta de la columnista María Elvira Samper, quien dijo que Mario Uribe había ayudado a llegar a la Fiscalía al que hoy en día es el encargado de conocer su caso por la para-política, el fiscal Ramiro Marín.
El propio Marín, que nació en Segovia (Antioquia) hace 54 años y llegó en 1992 a la Fiscalía de Medellín, le contó a SEMANA cómo lo reclutaron para la Fiscalía en Bogotá. “A mediados de 2001, en Pereira, conocí al doctor Luis Camilo Osorio. En ese momento yo era magistrado auxiliar de la Corte Suprema. Creo que en Pereira, el doctor Osorio se llevó una buena impresión mía. Después de eso, él fue elegido por la Corte como fiscal general y entonces les pidió referencias mías a varios magistrados. Así fue como, a principios de 2002, el doctor Luis Camilo me invitó a trabajar con él como fiscal delegado ante la Corte”.

En síntesis, el proceso de Mario Uribe está como una olla a presión. Y el vapor político contenido no ha dejado ver los argumentos jurídicos en pro y en contra, que finalmente son aquellos sobre los cuales podrá hacer su valoración la Fiscalía, y la opinión pública su juicio.

¿Qué es lo que hay?
¿Qué tiene el expediente contra Mario Uribe? SEMANA tuvo acceso al informe y básicamente son dos los líos por los cuales se investiga al primo del presidente Uribe. El primero parte de un testimonio de Jairo Castillo Peralta, alias ‘Pitirri’, el ex paramilitar que trabajó con congresistas como Álvaro García y que se convirtió en el ‘ventilador’ de la para-política en Sucre. Algo parecido a lo que representó Guillermo Pallomari en el proceso 8000. ‘Pitirri’ le dijo a una comisión de la Corte Suprema – que fue a Canadá a tomarle la declaración– que en alguna oportunidad vio a Mario Uribe con paramilitares tratando de hacerse a tierras baratas en Caucasia (Antioquia) y en otra ocasión en reunión en Sahagún (Córdoba), para comprar terrenos en Sucre.

En su defensa, el primo del Presidente ha dicho que no tiene tierras en Caucasia ni en Sucre. Que su única finca queda entre Sahagún y Ciénaga de Oro (Córdoba), que la compró en 1991 y que con el paso de los años lo que ha hecho es comprar otras tierras aledañas. Así mismo, los testigos de esas reuniones han declarado a favor del primo del Presidente. Los informes del CTI dirán si en efecto hay títulos a nombre de Mario Uribe en Caucasia o en Sucre.

El segundo punto de la investigación contra Mario Uribe surgió por el testimonio dado el 15 de mayo del año pasado por el ex comandante paramilitar Salvatore Mancuso ante la Unidad de
Justicia y Paz de la Fiscalía, en Medellín. En esa ocasión, el jefe de las Autodefensas se despachó contra figuras clave para el gobierno de Uribe: dijo que el ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, había conspirado con los paras para tumbar al entonces presidente Samper –la Fiscalía ya dictó auto inhibitorio en su favor por este caso–, acusó al vicepresidente Francisco Santos de haber tenido que ver con la creación de un grupo de autodefensas en Bogotá y aseguró que el entonces senador Mario Uribe se había reunido con él –Mancuso– en dos oportunidades y que en una de ellas hablaron de una eventual coalición política con la ex congresista Eleonora Pineda, hoy en prisión.

Pero fue el propio Mancuso quien se encargó posteriormente de dejar sin piso, o por lo menos sin fuerza, esta segunda acusación. En otra de sus declaraciones, el 23 de agosto, es decir tres meses después de la primera arremetida, Mancuso bajó el tono y recordó ante una comisión de la Corte Suprema cómo fue el encuentro con el primo del Presidente: “Eleonora me dice: hice un pacto político con el senador Mario Uribe. Yo le voy a ayudar a él en unos municipios y él me va a ayudar a mí también en algunas zonas del departamento donde él tiene un caudal electoral disponible. Eleonora, ¿por qué no me haces un favor? Preséntame al senador Mario Uribe. Yo quiero hablar con él. Quiero que él entienda el proceso que estamos haciendo de contactos políticos, de avanzar buscando abrir caminos”.

Y agregó que no podía precisar la fecha del encuentro: “Eleonora se presentó con él (...) Yo lo que quería hablar con él era el tema del apoyo político a nuestras aspiraciones de lanzar un proceso de negociación”. Pocos días después, Eleonora Pineda también declaró ante la Corte que la reunión Mancuso-Mario Uribe sí existió, pero después de las elecciones del 10 de marzo de 2002. Es decir, una fecha en la que Mario Uribe no habría podido pedirle votos a Mancuso.

Así las cosas, queda en manos del Fiscal valorar estas pruebas.
Pero desde ya, y sobre todo después de la mención hecha por José Obdulio sobre el caso, se escuchan comentarios entre sectores críticos del gobierno, que consideran que la Fiscalía no se ha detenido a investigar posibles testaferratos y a averiguar si en las reuniones con los ganaderos se discutió cómo desplazar campesinos para comprar tierras más baratas. Pero todo esto es especulación, pues hasta ahora no se conoce ni el informe final de la Fiscalía, ni el testimonio del primer desplazado que haya hecho una denuncia en ese sentido que involucre a Mario Uribe.

Más allá del tire y afloje político, e independientemente de si es asegurado o exonerado, la imagen del senador Mario Uribe ha quedado seriamente deteriorada. Desde cuando fundó el partido Colombia Democrática, en 2003, algunos de sus actos han sido muy controvertidos. Recibió en su partido, para las elecciones de 2006, a las polémicas Rocío Arias y Eleonora Pineda, a las que luego tuvo que sacar de sus listas al parecer por presiones de la Embajada de
Estados Unidos. Y de los otros cuatro congresistas que salieron elegidos bajo sus banderas, dos están condenados por el escándalo de la para-política (Miguel de la Espriella y Eric Morris), uno más detenido (el senador Álvaro García) y sólo el representante antioqueño William Vélez no se ha visto salpicado.

Todo este calvario se refleja hoy en la figura de Mario Uribe. A sus 58 años, tal vez no había vivido momentos de tanto estrés como estos. En los últimos seis meses ha rebajado siete kilos. Es consciente de que lo que está en juego no sólo es su prestigio, sino también el de su primo el Presidente de la República. En todo caso, el proceso es muy complicado porque aunque existe la posibilidad de que no haya pruebas contundentes sino simples testimonios interesados, varios parlamentarios están en la cárcel por circunstancias comparables. En el escándalo de la para-política, como sucedió en el proceso 8000, no están todos los que son ni son todos los que están.
La Fiscalía ante tal ‘papa caliente’ no tiene una salida fácil. Si absuelve, los antiuribistas le caerán encima, y si condena, lo harán los furibistas. No es de descartar una fórmula intermedia: ni dictar medida de aseguramiento que ponga tras las rejas al primo del Presidente, ni archivar de un tajo la investigación, sino abstenerse de dictar la medida de aseguramiento pero dejar abierta la investigación hasta su calificación.

Frente a esta encrucijada, el fiscal Ramiro Marín le dijo a esta revista: “Mi vida es muy elemental. Yo, con este proceso, no aspiro ni a que me reciban en clubes, ni a mejorar mi estrato social. Por eso no tengo que lagartearle nada a nadie”. Y agregó: “El país puede saber que en el proceso del doctor Mario Uribe, la decisión que tome será con base en la legalidad, la prueba y la racionalidad”.
Saque sus propias reflexiones y pareceres (abajo) en Comentarios.
Cronica tomada de la REVISTA SEMANA.COM Regresar a Inicio... o - Titulares

martes, 15 de abril de 2008


miércoles, 9 de abril de 2008

El senador antioqueño, Humberto Builes se presenta ante la fiscalía

Bogotá

La investigación por la parapolítica, que adelanta la Corte Suprema de Justicia, sigue involucrando más congresistas en le país, quienes supuestamente tuvieron nexos con las Auc. A la captura el pasado lunes del senador antioqueño Guillermo León Gaviria Zapata, se suma la del senador Humberto Builes Correa, quien se presentó ayer ante la Fiscalía.

Builes Correa, de Cambio Radical, se puso a órdenes del ente acusador luego de conocer la orden de captura que en su contra emitió la Corte Suprema de Justicia, por concierto para delinquir agravado. A su ingreso al búnker del máximo ente, el parlamentario afirmó que se reunió "con el desmovilizado jefe paramilitar Freddy Rendón, alias 'El Alemán'", según él, para lograr la devolución de 500 hectáreas de tierra que habrían estado invadidas por paramilitares de Urabá.

El 3 de septiembre de 2007 se posesionó ante la presidenta del Senado de la República, Nancy Patricia Gutiérrez, como nuevo congresista para el periodo 2006- 2010, en reemplazo de Reginaldo Montes, parlamentario que también fue involucrado en el caso de la "parapolítica". Regresar a Inicio... o Titulares

martes, 8 de abril de 2008

Capturado otro senador por la parapolítica


Colprensa-. Colombia
El senador Guillermo León Gaviria Zapata, militante de Convergencia Liberal, fue capturado ayer por agentes del CTI de la Fiscalía, en su apartamento del barrio El Poblado, en el sur de Medellín.

La detención fue ordenada por la Corte Suprema de Justicia, dentro de una investigación por enriquecimiento ilícito y constreñimiento al elector.

A primera hora de hoy, el congresista será trasladado al búnker de la Fiscalía en Bogotá, donde será recluido por unos días en los calabozos del ente acusador.

Se prevé que entre hoy y mañana rinda indagatoria en la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia.

“Estoy aceptando las decisiones de la justicia. No tengo explicación todavía porque no conozco por qué se me detiene. La decisión me toma por sorpresa porque a mí no me han llamado a versión libre ni a nada, no tengo conocimiento por qué se me llama”, afirmó anoche el senador mientras ingresaba a la Fiscalía.

Gaviria Zapata está sindicado de tener nexos con el desmovilizado jefe paramilitar 'Ernesto Báez', con quien se habría reunido en el 2001 para acordar votos que favorecerían a los congresistas Rocío Arias y Carlos Arturo Clavijo, procesados por el caso de la parapolítica.

Este es el segundo congresista antioqueño capturado dentro de la investigación por la parapolítica. La semana pasada el turno le correspondió a su colega Rubén Darío Quintero.

Por supuestos vínculos con integrantes de las autodefensas han sido detenidos 27 congresistas.

Gaviria Zapata fue representante a la Cámara de 1998 al 2002. De allí pasó al Senado para el periodo 2002-2006 y repitió para en el cuatrienio siguiente saliendo electo con 43.470 votos.

El senador nació en Remedios, Antioquia, el 18 de marzo de 1948, es contador de profesión y proviene de una familia de mineros.
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